La Policía de Ortega (PO) pretende tener presencia permanente en las escuelas a través de «consejos educativos», según la Comisión Coordinadora de la política de «reconciliación y paz» que impulsa la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Azahálea Solís, de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, rechazó esta medida porque argumenta que el objetivo real es profundizar la intimidación y formar políticamente a los estudiantes en interés del oficialismo Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Según el régimen, se convertirá en ley la política propuesta para promover la «paz y la reconciliación», inventada por el codictador Murillo. La propuesta iba a ser presentada ayer, 3 de diciembre, a la Asamblea Nacional, pero al final de la tarde no se había hecho.
Lea también: La ley de «reconciliación» pretende controlar a las familias nicaragüenses
Sin embargo, este lunes la Comisión de Coordinación Política -que encabeza el diputado orteguista Carlos Emilio López- informó que continúan las «consultas» con diferentes sectores vinculados a Ortega, pero no indicó cuándo se presentará el proyecto de ley.
La comisionada Rosa Rodríguez, segunda jefa de asuntos juveniles de la policía orteguista, dijo a los medios estatales que tenía la intención de utilizar la consejería escolar para «prevenir» la violencia juvenil. Pero además, utilizarán la información de los alumnos para entrometerse en las relaciones de las familias.
“Lo que hacemos es prevenir. ¿Qué estamos previniendo? Son acciones que van a fortalecer la cultura de paz y reconciliación” (…) “Y no solo estamos llegando a los jóvenes, porque los jóvenes son la primera parte del modelo que hemos establecido. Tratamos a los jóvenes y, a través de ellos, nos comunicamos con la familia”, dijo el comisionado Rodríguez.
Puedes leer: Policía arresta y amenaza con arma a adolescentes afuera de escuela en Managua
Según el documento publicado por Murillo, las acciones serían impulsadas por el Ministerio de la Familia, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el PO y otras instancias de aplicación de la ley.
Rodríguez dijo que ya detectó «una mala comunicación entre la familia» y por eso están diseñando «nuevas formas de comunicación, como las escuelas de padres que se han desarrollado con el Ministerio de la Familia».
Adoctrinar
Solís, de la Alianza Cívica, insistió en que esta propuesta política promueve la injerencia del régimen en el ámbito familiar para “manipular” y detectar todo lo que signifique una amenaza, y lo harían a través del espionaje en escuelas, confesiones religiosas, comunidades.
“Todo esto indica que esta no es una política de reconciliación. Los parámetros internacionales indican que una política implica verdad y justicia, reparación a las víctimas y una garantía real de que una represión como la que estamos viviendo no volverá a ocurrir”, dijo Solís.
Te puede interesar: Azahálea Solís: “Ortega es un delincuente”
El PO es el brazo represor de la dictadura de Ortega y Murillo contra las protestas ciudadanas que estallaron en abril y dejaron entre 325 y 535 muertos, según organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Solís aseguró que el PO «no tiene moral» para participar como promotor de la «paz» cuando fue ella quien reprimió brutalmente las protestas protagonizadas por universitarios.
Domina el manejo
La titular del Ministerio de la Familia, Miriam Ráudez, dijo a medios estatales que en los «consejos escolares» pretendían que los docentes tuvieran «un incidente de violencia intrafamiliar» que afecta a los estudiantes, aunque no precisó cómo sucedería. Según Raudez, «consultaron» a 33.500 docentes sobre las medidas que se impulsarán.
“Este consejo pedagógico acompaña a este chico para identificar cualquier tipo de violencia, acoso”, dijo.