La Policía de Ortega (PO) pretende tener presencia permanente en las escuelas a través de los «consejos educativos», según informó la Comisión de Coordinación de la Política de «Reconciliación y Paz» que impulsa la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. .
Azahálea Solís, de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, rechazó la medida, argumentando que el verdadero objetivo es intensificar la intimidación y capacitar políticamente a los estudiantes en interés del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Según el régimen, la política propuesta para promover «la paz y la reconciliación», inventada por el co-dictador Murillo, se convertirá en ley. La propuesta debía ser presentada ayer, 3 de diciembre, a la Asamblea Nacional, pero a última hora de la tarde aún no lo habían hecho.
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Sin embargo, el lunes la Comisión de Coordinación Política -encabezada por el diputado de Ortega Carlos Emilio López- informó que continúan las «consultas» con diversos sectores vinculados a Ortega, pero no se indicó cuándo se presentará el proyecto de ley.
La comisionada Rosa Rodríguez, segunda jefa de asuntos juveniles de la Policía de Ortega, dijo a los medios estatales que tenían la intención de utilizar la junta escolar para «prevenir» la violencia entre los jóvenes. Pero además, utilizarán la información de los estudiantes para interferir en las relaciones familiares.
“Lo que hacemos es prevenir. ¿Qué estamos previniendo? Son acciones que fortalecerán la cultura de paz y reconciliación “(…)” Y no solo estamos llegando a los jóvenes, porque los jóvenes son la primera parte del modelo que hemos establecido. Tratamos a los jóvenes y a través de los jóvenes nos comunicamos con la familia ”, dijo el Comisionado Rodríguez.
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Según el documento publicado por Murillo, las acciones serían impulsadas por el Ministerio de Familia, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el PO y otros cuerpos de seguridad.
Rodríguez dijo que ya habían detectado «una mala comunicación entre la familia» y por eso están diseñando «nuevas formas de comunicación, como las escuelas para padres que se han desarrollado con el Ministerio de la Familia».
Adoctrinar
Solís, de Alianza Cívica, insistió en que esta propuesta política incentiva la injerencia del régimen en el ámbito familiar para «manipular» y detectar todo aquello que constituya una amenaza, a través del espionaje en la familia, escuelas, cultos religiosos, comunidades.
“Todo esto indica que esta no es una política de reconciliación. Los parámetros internacionales indican que una política implica verdad y justicia, reparación a las víctimas y una garantía real de que no se repetirá una represión como la que estamos viviendo ”, dijo Solís.
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El PO es el brazo represivo de la dictadura de Ortega y Murillo contra las protestas ciudadanas que estallaron en abril y que dejaron entre 325 y 535 muertos, según organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Solís aseguró que el PO «no tiene moral» para participar como promotor de la «paz» mientras que fue él quien reprimió brutalmente las protestas lideradas por estudiantes universitarios.
Manipulación del maestro
La titular del Ministerio de la Familia, Miriam Ráudez, dijo a medios oficiales que en el «consejo escolar» querían que los docentes tuvieran «la incidencia de la violencia doméstica» que afecta a los estudiantes, aunque no dijo cómo sería. Según Ráudez, han «consultado» a 33.500 docentes sobre las medidas que se impulsarán.
«Esta consulta educativa acompaña a este niño para identificar cualquier tipo de violencia, acoso», dijo.